La Junta alega ante el Supremo haber dado prioridad "a la vida de las personas de Castilla y León" con el adelanto del toque de queda

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acaba de explicar en una comparecencia publica las "alegaciones que se acaban de presentar ante el Supremo y que están motivadas por el recurso que el Gobierno de España ha presentado para suspender los efectos del acuerdo por el que se anticipa el toque de queda a las ocho de la tarde en Castilla y León".

"Lo primero que tengo que decir es que esta medida era y es absolutamente necesaria para proteger la vida de las personas", a lo que añadió que considera que sigue siendo útil para frenar la tercera ola.

"A mediados de enero la incidencia estaba desbocada, por lo que era imprescindible actuar y tomar decisiones de manera urgente. Era necesario, según los propios expertos, anticiparnos en la toma de medidas", afirmó el máximo responsable de la Junta.

Las decisiones que se tomaron afectaban al cierre perimetral, a la reducción de aforo en los lugares de culto, a la reducción del número de no convivientes a 4 personas, y al hecho de anticipar el toque de queda a las 8 horas. "Esta última medida es equilibrada y nos permite proteger a las personas", destacó Mañueco, a lo que añadió que "creemos que esta medida está avalada en razones sanitarias, sociales y jurídicas".

Precisamente en estos tres pilares están basadas las alegaciones presentadas ante el Supremo:

Desde el punto de vista sanitario y epidemiológico es una medida eficaz y útil como demuestran los datos, según el presidente de la Junta, ya que la incidencia acumulada a 14 días ha bajado un 9%. "Estábamos subiendo en el crecimiento intersemanal un 147% y estamos bajando al 11%. Esta es la realidad".

Desde el punto de vista social, para el responsable de la Junta, "es una medida lógica, justa y equilibrada, que ha tenido el respaldo mayoritario de las personas de Castilla y León. Además, gracias a la responsabilidad de todos, el número de contagios está descendiendo".

Desde el punto de vista jurídico Alfonso Fernández Mañueco afirmó que "este acto es un acto legal, que protege la vida sobre cualquier otro derecho, como puede ser la libertad de circulación de las personas". En este sentido recordó una sentencia del Constitucional del 85 que consideraba que el derecho a la vida es la proyección de un valor superior que inspira todo el ordenamiento jurídico constitucional. 

"Por ello frente a los planteamientos del Gobierno de España, di prioridad a la protección de la vida y de la salud, y sobre todo vuelvo a insistir en que di prioridad a la integridad física de las personas de nuestra comunidad", afirmó Alfonso Fernández Mañueco, quien lamento que "el Gobierno en lugar de apostar por el diálogo haya apostado por la vía judicial".

Por último, el presidente de la Comunidad aseguró que "En el caso de que el Supremo no compartiese nuestros argumentos acataríamos su decisión, como no puede ser de otra manera", pero insistió en estar convencidos desde la Administración regional que estas medidas, su objetivo principal es proteger la salud de las personas de Castilla y León.